Sergio Fajardo
Diez años atrás el gobierno del presidente Uribe introdujo un impuesto especial, conocido como el impuesto de guerra, para fortalecer la Fuerza Pública en la lucha contra las guerrillas. Las personas con los patrimonios más altos lo han venido pagando. Los billones que se han recogido, en adición a los cuantiosos recursos existentes en el presupuesto nacional, han sido útiles para el propósito por el que se introdujeron: la seguridad, un propósito nacional.
El país está bastante rezagado en su infraestructura de transporte. Es una realidad inocultable. El gobierno nacional ha diseñado una ambiciosa política de concesiones y va a aportar una considerable cantidad recursos públicos, varias decenas de billones, para construir una amplia red de autopistas en todo el país (¡esperamos!) para comunicarnos con el mundo: la competitividad, un propósito nacional.
Paréntesis: En este caso de la infraestructura llama la atención que ningún particular aporta un solo peso por la valorización gigantesca que van a tener, o están teniendo en sus predios, que se benefician directamente de la infraestructura construida y mantenida con recursos de todos. Creo que se debe revisar este tema, pues deberían pagar valorización o plusvalía, con algunas excepciones razonables, entre otras, la de personas que perdieron el valor de sus tierras por la violencia y campesinos que apenas alcanzan una producción de subsistencia.
Esta semana en la cumbre de gobernadores el presidente se refirió a las inaceptables condiciones de desigualdad que tiene Colombia. Estamos totalmente de acuerdo. Lo hizo para justificar la reforma tributaria que va a presentar, con la que pretende abocar este tema. La discusión será interesante y veremos qué tanto la reforma avanza en la lucha contra las desigualdades.
A todas las reuniones que asisto, siempre estoy atento a que se mencione la palabra educación. Nunca aparece. Los presidentes le han apostado a la seguridad y a la competitividad como proyectos de país. Han movilizado a la sociedad en esos temas y han desplegado buena parte de su capital político en función de esos objetivos. Por desgracia la educación no aparece como gran proyecto de país. Una de las razones principales para que esto sea así es que la educación, en términos generales, sigue siendo un propósito individual y no de toda la sociedad. Los sectores de la sociedad con la mejor condición económica tienen resuelto el problema de sus hijos que, en el contexto nacional, tienen acceso a una educación privada de calidad superior. No existe un sentido de urgencia acerca de la educación pública como el proyecto privilegiado para luchar contra las profundas desigualdades sociales, empoderar a hombres y mujeres, enfrentar los retos de la competitividad, crear oportunidades para que la ilegalidad y la violencia no sean alternativas para nuestra juventud y para insistir por la civilidad en una sociedad democrática.
Con nuestro modelo de desarrollo “Antioquia la más educada” estamos haciendo esta apuesta. Los recursos económicos, que existen, aparecerán cuando la educación entendida en un sentido amplio sea asumida como gran proyecto de país. Con contadas y valiosas excepciones la educación no tiene voz. El liderazgo político es precisamente para eso: para señalarle a la sociedad los caminos que no se ven y darle voz a las propuestas que no se oyen. A lo mejor la discusión que se avecina sobre la reforma de la educación superior en Colombia abre la puerta a que la educación se entienda como proyecto de país. Todos los días oímos acerca de bandas criminales, de guerrillas y de corruptos, nunca de educación, en serio. Ya es hora, nunca será tarde.
