Un acuerdo que compromete a diversas instituciones para trabajar en la reducción del consumo de mercurio en la explotación minera en las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca, fue firmado hoy por el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI, la Procuraduría Agraria para Asuntos Ambientales, CORANTIOQUIA y los alcaldes de las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca.
Dicho compromiso busca utilizar tecnologías limpias y reducir en un 50% el consumo del químico empleado en la minería del oro en las dos subregiones, donde se han encontrado altas concentraciones en el ambiente y los recursos hídricos, con repercusiones nocivas en la salud de los habitantes de la zona.
Según los estudios de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la ONUDI, Colombia es el país del mundo más contaminado por mercurio con alta incidencia en Antioquia, donde se evidencian niveles de contaminación que superan el 800% los estándares de la organización Mundial de la Salud.
Según expresó el gobernador de Antioquia, el Departamento a través de la Secretaría de Minas estima una inversión de 5 mil millones de pesos durante este año para atender esta problemática: “El Departamento tiene un gran compromiso con los alcaldes del Nordeste y el Bajo Cauca, con CORANTIOQUIA y la Procuraduría, para llevar adelante el proyecto para el control del mercurio que está causando graves daños en esas regiones. Invertiremos estos recursos en programas de prevención para que el mercurio no siga afectando a la comunidad y las fuentes hídricas”.
Según expresó Oscar Darío Amaya Navas, delegado de la Procuraduría para asuntos ambientales y agrarios, el compromiso firmado hoy con las diferentes entidades “busca convenir una estrategia muy amplia, diseñada para la previsión de impactos en minería de oro y organizar las actividades de todas las entidades, que apunten a la reducción de los impactos, a la prevención y la modernización de la explotación del oro en el departamento, además de la apertura de informes con fines disciplinarios contra funcionarios que hayan sido omisivos y que no hayan cumplido la normativa ambiental al respecto.
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