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Avanza proyecto de construcción del centro de detención transitorio en Tarazá

Medellín, 27 de marzo de 2024. 

• Los recursos de inversión, de 1.5 millones de dólares, son aportados por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL del Gobierno de los Estados Unidos.

• Las entidades del orden nacional, departamental, municipal y de cooperación internacional, se comprometieron en avanzar en la articulación para mejorar las condiciones carcelarias del Bajo Cauca antioqueño.

En Tarazá se construirá el nuevo centro transitorio para sindicados de la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de aliviar la sobrepoblación en las estaciones de policía de la región. Para hablar del proyecto y determinar líneas de esfuerzo conjuntas, se realizó en Medellín el primer encuentro de socialización de esta iniciativa, que convocó a la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Justicia, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño, Asocapitales, la Regional de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, RPG, y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL, del Gobierno de los Estados Unidos,

El proyecto, cuya inversión será de 1.5 millones de dólares aportados por el Gobierno norteamericano, busca fortalecer la seguridad y la justicia rural en el Bajo Cauca Antioqueño y contribuir a mejorar las condiciones actuales de hacinamiento en las estaciones de policía.

“La Gobernación de Antioquia está comprometida con mejorar las condiciones carcelarias en la región. Actualmente, el panorama penitenciario del departamento enfrenta desafíos significativos, con 15 cárceles en funcionamiento y un establecimiento de reclusión especial. En ese sentido, se iniciarán los trabajos de construcción del nuevo centro transitorio para sindicados en Tarazá, con el objetivo de garantizar un entorno más digno y seguro para los internos”, señaló el General en retiro, Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

Así mismo, el Gobierno norteamericano reiteró su compromiso para que el proyecto sea una realidad. 

“El alarmante hacinamiento de personas privadas de la libertad en las estaciones de policía de esta hermosa pero conflictiva región, consume valiosos recursos policiales que son muy importantes para brindar seguridad ciudadana. Esta situación también representa graves riesgos para los derechos humanos de las personas detenidas. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos está apoyando esta importante iniciativa, destinada a solucionar la problemática de sobrepoblación en las comisarías, ampliar la capacidad de la prisión preventiva, y promover, de esta manera, comunidades rurales más seguras, prósperas y comprometidas con la legalidad”, aseguró Elizabeth Powers, jefe de la división de Estado de Derecho y Aplicación de la Ley de INL.

A su vez, Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, sostuvo que la estrategia de seguridad traerá beneficios a todos los municipios. “Al priorizar esta zona, el Gobierno nacional también se enfocará en apostar por proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, en especial en los municipios de Tarazá, Cáceres y Valdivia, donde la actividad ilícita es predominante. Es fundamental seguir fortaleciendo estas acciones para generar un impacto positivo en la comunidad y promover alternativas sostenibles”.

 

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