Bogotá, 20 de agosto de 2026.

  • La propuesta presentada por el gobernador Andrés Julián; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la mesa de Obras por Impuestos de Proantioquia al presidente Abelardo De La Espriella, busca movilizar recursos privados de manera rápida, focalizada y verificable para atender necesidades generadas por la emergencia. 
  • La iniciativa cobijaría a los departamentos caracterizados por afectaciones derivadas del sismo del pasado 10 de agosto de 2026. 
  • Un equipo de la Gobernación de Antioquia se reunirá con delegados de la Presidencia para avanzar en la viabilidad del mecanismo REXI.

El gobernador Andrés Julián, en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propuso al presidente Abelardo De La Espriella crear el mecanismo de Reconstrucción por Impuestos (REXI), como una herramienta temporal que permita movilizar recursos privados hacia la atención, recuperación, reconstrucción y reactivación de los departamentos afectados por el sismo que estremeció al país el pasado 10 de agosto.

La iniciativa parte de la plataforma de Obras por Impuestos (OXI) de Proantioquia, donde convergen la Gobernación de Antioquia y actores empresariales que impulsan el mecanismo. Gracias a la experticia del departamento con OXI, el departamento impulsó obras por cerca de un billón de pesos en la actual Administración. Plantea un instrumento focalizado en las necesidades derivadas de la emergencia para aprovechar la capacidad de financiación, gestión y ejecución del sector privado para acelerar obras que, por las restricciones presupuestales y los tiempos propios de la contratación pública, podrían tardar más en atenderse.

“En una emergencia no podemos darnos el lujo de que las soluciones lleguen tarde. Si hay empresas dispuestas a poner recursos, capacidad de ejecución y conocimiento al servicio de la reconstrucción, el Estado debe crear los mecanismos para que eso ocurra de manera transparente. La propuesta fue de muy buen recibo por parte del Gobierno Nacional y un equipo de la Gobernación de Antioquia estará en la Presidencia para definir la ruta y analizar su viabilidad”, detalló el mandatario antioqueño.

Agregó que se propone que el cupo CONFIS anual —que es límite máximo de dinero que el Consejo Superior de Política Fiscal autoriza cada año para financiar programas especiales del Estado— para las vigencias 2026 a 2030, alcance hasta 10 % del impuesto de renta y al menos el 90 % de ese cupo deberá destinarse a proyectos de reconstrucción, es decir, cerca de 15 billones de pesos.  

La iniciativa plantea que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios implicados, las entidades territoriales, de acuerdo a los planes de reconstrucción, consolide las necesidades ocasionadas por el sismo y las convierta en un portafolio nacional de proyectos REXI.

Las empresas podrían seleccionar voluntariamente los proyectos en los que quieran participar, de manera individual o conjunta. Una vez seleccionada una iniciativa, el contribuyente financiaría y, cuando corresponda, ejecutaría el proyecto con recursos propios, bajo condiciones técnicas, contractuales, de seguimiento e interventoría previamente establecidas.

El sector privado financia y ejecuta oportunamente y el Estado reconoce posteriormente esa inversión mediante un título con cargo al impuesto de renta, de manera excepcional y exclusivamente asociado a la emergencia.  

El portafolio estaría organizado en tres niveles de prioridad: atención y recuperación inmediata; rehabilitación y recuperación temprana; y reconstrucción y reducción del riesgo.

Reconstrucción con recursos privados, pero con control del Estado

Entre las iniciativas que podrían hacer parte de REXI se encuentran la recuperación de vías y conectividad, la rehabilitación de infraestructura crítica, el restablecimiento de servicios públicos esenciales, la vivienda, la recuperación de establecimientos educativos y de salud, agua potable y saneamiento, infraestructura comunitaria, obras de mitigación y reconstrucción.

De esta manera, REXI no sería un banco general de proyectos, sino un mecanismo estrictamente dirigido a responder a las consecuencias del sismo. La vigencia se limitará a la emergencia y a las necesidades directamente derivadas del sismo.

“Antioquia está poniendo sobre la mesa una alternativa para que la solidaridad del sector privado se convierta rápidamente en obras. La emergencia exige velocidad, pero también exige transparencia, trazabilidad y reglas claras. No se trata de reemplazar al Estado, sino de sumar capacidades para que la reconstrucción llegue más rápido a quienes la necesitan”, señaló el Gobernador Andrés Julián.

De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia – DAGRAN, Antioquia tiene el siguiente balance de daños por el sismo: 106 municipios afectados, 3.861 viviendas afectadas, 33 viviendas colapsadas, 777 centros educativos impactados, 30 centros hospitalarios con daños, 72 iglesias o centros religiosos con afectaciones, 17 vías o puentes con daños y 233 equipamentos no habitacionales con impacto de algún tipo.

Con esta propuesta, Antioquia apoya al Gobierno Nacional y propone un trabajo en equipo que permita convertir recursos privados en soluciones concretas para las comunidades afectadas, con proyectos priorizados, ejecución acelerada, control público y plena trazabilidad desde la necesidad generada por la emergencia hasta el resultado final.