Medellín, 4 de octubre de 2026.

  • El gobernador Andrés Julián respalda la propuesta del Gobierno Nacional de modificar el Decreto 003 de 2021 y aseguró que es necesario “desamarrarle las manos a la Fuerza Pública”. 
  • ⁠Entre las observaciones de Antioquia está permitir la intervención de la Fuerza Pública ante actos violentos en universidades e instituciones educativas, sin requerir autorización de sus directivas y bajo criterios previamente establecidos.

El gobernador Andrés Julián presentó al Gobierno Nacional sus observaciones al proyecto que modifica el Decreto 003 de 2021, que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas. La Administración Departamental respalda la modificación y considera que esta actualización permite precisar la respuesta de las autoridades en escenarios en los que el ejercicio de la protesta debe armonizarse con otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos.

La propuesta reconoce que la protesta pacífica debe contar con todas las garantías y, al mismo tiempo, plantea que durante una movilización deben protegerse los derechos de quienes no participan en ella, así como la propiedad pública y privada y el medio ambiente sano.

“Es una modificación necesaria: hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”, aseguró el gobernador Andrés Julián.

Antioquia propone reglas claras para actuar ante hechos violentos en universidades y otros centros educativos

Uno de los puntos que el mandatario considera especialmente importante se refiere a las manifestaciones que se desarrollan en universidades y demás instituciones  educativas. La Gobernación propone crear un artículo específico para estos escenarios, en el que el derecho a la protesta sea ponderado con la integridad de los integrantes de la comunidad educativa, el derecho a la educación de quienes no participan en la manifestación, la continuidad del servicio educativo y la protección de la infraestructura y de los bienes públicos y privados.

Para los casos en los que se presenten actos violentos o situaciones de flagrancia dentro de estos espacios, la propuesta plantea que la Fuerza Pública pueda actuar sin requerir autorización de las directivas de la institución, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

“La autonomía universitaria se respeta, pero no puede convertirse en una barrera para que las autoridades actúen cuando hay actos violentos”, señaló el Gobernador.

Otras propuestas desde Antioquia para la modificación del Decreto

Otro de los ajustes está relacionado con el papel de las gobernaciones en los Puestos de Mando Unificado -PMU-. El Gobernador propone que la participación de los departamentos no dependa exclusivamente de que una manifestación se desarrolle en varios municipios, sino que también pueda darse por razones de seguridad y orden público. Esto permitiría la presencia del Gobierno Departamental cuando la dimensión de los hechos o las condiciones de seguridad así lo requieran, incluso si la movilización ocurre en un solo municipio.

La propuesta también plantea precisar los procedimientos de verificación a cargo del Ministerio Público. Estas verificaciones podrían realizarse de manera previa, concomitante o posterior, sin que puedan demorar o evitar la actuación de la Policía cuando esta resulte necesaria.

Además, Antioquia propone que dentro del denominado equilibrio constitucional se incluyan expresamente la protección de la propiedad pública y privada y el medio ambiente sano, junto con los demás derechos que deben ser ponderados durante una manifestación.

“La protesta pacífica es un derecho y debe garantizarse. Pero la violencia no puede disfrazarse de protesta ni el diálogo puede convertirse en una excusa para impedir que la Fuerza Pública cumpla con su deber”, agregó el mandatario.

Con estas observaciones, la Gobernación de Antioquia espera contribuir al texto definitivo del decreto y establecer reglas claras que permitan garantizar la protesta pacífica y, al mismo tiempo, la actuación de las autoridades frente a hechos de violencia y situaciones que comprometan otros derechos.