Medellín, 31 de marzo de 2026.

• El mandatario antioqueño aseguró que esta decisión de la Fiscal General pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y afecta la contienda electoral venidera.
• Los alcaldes de Itagüí y de Envigado, presentes en el Consejo de Seguridad, así como delegados de municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, señalaron que esta decisión del Gobierno Petro va en contravía de las medidas de  seguridad que se toman en los territorios.

Al término de un Consejo de Seguridad Metropolitano encabezado por el Gobernador Andrés Julián, el mandatario anunció que la Gobernación de Antioquia, junto con las alcaldías del Valle de Aburrá, interpondrá una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspende órdenes de captura a 23 cabecillas que han delinquido en el departamento, ya que es ilegal y representa un grave riesgo para la seguridad de los antioqueños. 

“Esta decisión es como si quisiera volver al conglomerado urbano más importante de Antioquia, el Valle de Aburrá junto con Rionegro, en otro Caguán. No de otra manera se explica que la Fiscal General y Petro ordenen la libertad de 23 delincuentes que durante años tejieron la red criminal más potente que desafortunadamente hubiese tenido Antioquia. Es abiertamente ilegítima esta decisión, a pocos meses de elecciones, pretender ejecutar una política pública fracasada como la de la paz total con personas que ya están sometidas a la justicia y condenadas”. El próximo lunes de Pascua, después de la vacancia judicial, se radicará la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, solicitando la suspensión de dicha resolución. 

“Le pido a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, que reverse la medida. Que no abandone a las víctimas, que no pase a la historia como la persona que dejó libres a personas que fueron responsables de extorsión, tortura, homicidio y otros delitos que tanto dolor le han dejado a los antioqueños”, añadió Andrés Julián.  En el Consejo de Seguridad participaron los alcaldes de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, y Envigado, Raúl Cardona González, así como delegados de los demás municipios del área metropolitana. Durante el Consejo se analizaron las principales situaciones de seguridad en el Valle de Aburrá y se reiteró la necesidad de fortalecer la articulación institucional para enfrentar la criminalidad. 

“Esta medida es frustrante porque va en contravía de todas las medidas de seguridad que tomamos en todos los municipios. Aquí no solo se pone en riesgo la vida de los policías, jueces, fiscales que participaron en estos procesos judiciales en contra de estas personas, sino también de cooperantes, víctimas y testigos. Esa es la frustración, pero no podemos dejar caer la bandera”, añadió Diego León Torres Sánchez, alcalde de Itagüí. 

El mandatario departamental cuestionó los alcances de la resolución, advirtiendo que “¿qué sometimiento van a negociar si estos criminales ya fueron condenados?”, y expresó su preocupación por la falta de garantías para verificar el no retorno a  actividades delictivas. Asimismo, alertó sobre los riesgos que esta decisión implicaría para la seguridad regional, las víctimas, los fiscales, jueces y la Fuerza Pública.

Finalmente, el Gobernador insistió a la Fiscal General Camargo que reconsidere la decisión, señalando que este tipo de determinaciones debieron ser consultadas con las autoridades territoriales. “No podemos aceptar medidas que debilitan las 
instituciones, ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y envían un mensaje equivocado a quienes han trabajado durante años por judicializar a estos criminales”, concluyó el mandatario.