Bogotá, 6 de abril de 2026.

• Esta acción de nulidad con solicitud de medida cautelar ya fue radicada; la responderá el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
• El mandatario departamental comparó la situación de corrupción y seguridad que se vive actualmente con el proceso 8 mil.  

El Gobernador Andrés Julián Rendón Cardona viajó este lunes a Bogotá donde presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, que suspende las órdenes de captura a 23 cabecillas de las bandas delincuenciales más peligrosas del departamento.  

“Nosotros lo que pedimos es que se suspendan los efectos de esa Resolución equívoca que deja en libertad a estos criminales, convirtiendo al conglomerado urbano más grande que tiene el departamento de Antioquia: el Valle de Aburrá y el altiplano de San Nicolás con Rionegro, en un segundo Caguán, donde 23 de los más peligrosos que haya tenido Antioquia, van a poder ir a los sitios donde causaron horror e infligieron distintas manifestaciones de violencia, homicidios, desplazamientos, secuestros, extorsiones y terrorismo”, dijo el Gobernador Andrés Julián.   

Señaló además que la Resolución se expide en una época electoral donde pueden constreñir a la ciudadanía en las elecciones.  

Comparó también la corrupción del proceso 8 mil con lo que ocurre hoy en el departamento en materia de seguridad. “Si durante el proceso 8 mil se decía que al Palacio se había metido un elefante, aquí con alias “Pitufo”, con “Calarcá”, con la UIAF, lo que se metió al Palacio de Nariño fue el Jurassic Park entero”, puntualizó.  

El mandatario departamental señaló el prontuario de estos criminales, entre ellos alias “Tom” comparado con Pablo Escobar, alias “El Montañero” cabecilla de la organización criminal “El Mesa” que delinque en Cundinamarca y el Eje Cafetero. “Estos bandidos son dejados en libertad temporalmente sin tener claro lo que van a hacer”, agregó.  

Además, puntualizó que la Resolución violenta la separación de poderes porque “la Fiscal se mete en una jurisdicción que no es de su competencia, porque la mayoría de estos criminales ya estaban condenados y la suspensión de la pena solo le correspondía a un juez de ejecución de penas”.