Acción de Popular radicada con el número: 05001333301720250038500

Medellín, 22 de enero de 2026

"AVISO A LA COMUNIDAD"

El Departamento de Antioquia informa que en el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, cursa ACCIÓN POPULAR, radicada bajo el número 05001333301720250038500, Accionane: Santiago Jaramillo Morato, Personero Municipal de Caracolí - Antioquia, Accionado: Municipio de Caracolí - Antioquia, Vinculados: Nación - Ministerio de Educación Nacional y Departamento de Antioquia, la cual fue admitida el cuatro (4) de noviembre de 2025, con la que se pretende:

“PRIMERA: Que se declare que el Municipio de Caracolí – Antioquia, en su calidad de entidad accionada, ha vulnerado los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, específicamente:

• La seguridad y salubridad públicas

• El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

• El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna

• La prevención de desastres previsibles técnicamente

• La realización de construcciones y desarrollos urbanos y rurales respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Todo lo anterior, en relación con las condiciones de deterioro, riesgo y omisión institucional evidenciadas en las siguientes sedes educativas:

• I.E. Gabriel Correa Vélez – Sede Heloína Bedoya de Valencia

• I.E. Gabriel Correa Vélez – Sede Antonio José de Sucre (Vereda El Buey)

• I.E. Gabriel Correa Vélez – Sede Antonio Roldán Betancur (Vereda El 62)

• I.E. Gabriel Correa Vélez – Sede C.E.R. Botijas

SEGUNDA: Que se ordene al Municipio de Caracolí – Antioquia, a través de sus dependencias competentes (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación, Secretaría de Obras Públicas), la ejecución conjunta, armónica y urgente de todas las actividades administrativas, técnicas, presupuestales, operativas y contractuales necesarias para la intervención integral de las sedes educativas referenciadas, con el fin de:

• Evitar el daño contingente

• Hacer cesar el peligro o amenaza actual

Restituir las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y funcionalidad

Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 18, 25 y 34 de la Ley 472 de 1998.

TERCERA: Que se ordenen las demás medidas que el despacho judicial estime necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos vulnerados, incluyendo la conformación de comité de verificación, la realización de inspección judicial, y la imposición de plazos razonables de cumplimiento, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

CUARTA: Ordenar a la Alcaldía Municipal de Caracolí – Antioquia la intervención inmediata de la piscina en desuso ubicada en la sede central de la I.E. Gabriel Correa Vélez, mediante clausura técnica, recuperación funcional o reconversión del espacio, conforme a estudios técnicos y en coordinación con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Educación, para garantizar la seguridad y salubridad de la comunidad educativa.

QUINTA: Que se ordene al Municipio de Caracolí – Antioquia, a través de sus dependencias competentes (Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud e Inclusión Social), la realización de visitas técnicas, sanitarias y estructurales en las demás instituciones educativas rurales y urbanas del municipio, con el fin de:

• Identificar condiciones de riesgo sanitario, estructural o ambiental que puedan afectar la seguridad, salubridad y dignidad de la población escolar.

• Prevenir la materialización de daños contingentes, conforme al principio de anticipación consagrado en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

• Adoptar medidas correctivas inmediatas en aquellas sedes que presenten afectaciones similares a las ya documentadas, incluyendo clausura técnica, adecuaciones urgentes o reconversión funcional”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar la demanda antes de que se profiera fallo de primera instancia; también podrán coadyuvar esta acción las organizaciones populares, cívicas y similares, el personero municipal y demás autoridades que, por razón de sus funciones, deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos invocados, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.

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