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Medellín, 18 de diciembre de 2025.
- La estrategia para promocionar municipios y subregiones a través del turismo deportivo superó las expectativas en inscripciones.
- La Gobernación de Antioquia y Comfenalco Antioquia continuarán con la estrategia en el 2026.
Con los últimos 3, 5 y 10 kilómetros finalizó en Entrerríos ‘Antioquia Corre 2025’, una estrategia organizada por Comfenalco Antioquia y apoyada por la Gobernación de Antioquia para potenciar y promocionar los municipios y las subregiones, a través del turismo deportivo y los emprendimientos locales.
6 mil 287 corredores participaron en las nueve carreras —una por subregión— que se realizaron entre junio y diciembre en Cisneros, Támesis, Puerto Berrío, Rionegro, Turbo, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Bello y Entrerríos.
“Aprovechamos el turismo deportivo para no solo tener una actividad física saludable, sino dejar una derrama económica importante en los municipios”, resaltó el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo Giraldo, quien anticipó que la estrategia continuará el próximo año.
Según explicó David Restrepo Garcés, gerente de Estrategia Regional de Comfenalco Antioquia, este proyecto generó “un impacto positivo de más de 3 mil 500 millones de pesos en inversión en los territorios, generando bienestar económico y social”.
A ello se suma la participación de las familias con corredores de diferentes edades y niveles socioeconómicos, en torno a recorrer el departamento mientras se practica actividad física para el bienestar físico y mental. El 67,5 % de los corredores fueron afiliados de categorías A y B de la caja de compensación, que entregó más de 450 millones de pesos en subsidios a estos participantes.
Cada una de las carreras fue operada por la Liga de Atletismo de Antioquia, que se encargó de los componentes logísticos, técnicos y de medición de tiempos. Además, contó con el apoyo y patrocinio del IDEA, la Lotería de Medellín, la Fábrica de Licores de Antioquia, Indeportes Antioquia y empresas del sector privado.
Medellín, 20 de diciembre de 2025.
- El Tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Registraduría Nacional del Estado Civil actuar de manera coordinada para garantizar los recursos y los trámites necesarios que permitan realizar la consulta.
- En fallo de segunda instancia, el Tribunal confirmó el amparo al derecho fundamental a la participación ciudadana, que debe ser garantizado por el Estado. Fijo un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo la consulta.
En un fallo de segunda instancia, la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, confirmó la sentencia que amparó el derecho fundamental a la participación ciudadana en el proceso de consulta popular para la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, luego de que esta decisión fuera impugnada por el Ministerio de Hacienda.
Mediante la Sentencia No. 337, el Tribunal reconoció que la falta de coordinación y la inacción administrativa entre el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional del Estado Civil pusieron en riesgo real el ejercicio democrático de los ciudadanos de los municipios convocados a decidir sobre su integración metropolitana.
El fallo señaló que los mecanismos de participación ciudadana no pueden quedar viciados de contenido por trámites burocráticos ni por dilaciones injustificadas del Estado. Si bien el Tribunal precisó que el juez constitucional no puede sustituir al Ejecutivo en la dirección del presupuesto público, también dejó sentado que la democracia no puede suspenderse por razones administrativas.
Ajustó la orden impartida en primera instancia y dispuso que el Ministerio de Hacienda y la Registraduría adelanten, de manera armónica y coordinada, todos los trámites administrativos y presupuestales necesarios para garantizar los recursos que permitan la realización de la consulta popular, fijando para ello un plazo máximo de tres meses. A diferencia del fallo inicial, el Tribunal determinó que la Registraduría no debía ser desvinculada del proceso, al considerar que la garantía efectiva del derecho a la participación ciudadana exige una actuación conjunta y responsable de todas las entidades involucradas. La decisión advierte, además, que el incumplimiento de lo ordenado puede acarrear sanciones legales.
Con este pronunciamiento, el Tribunal Superior de Medellín envía un mensaje contundente: el Estado está obligado a garantizar las condiciones materiales para que la ciudadanía pueda decidir. La participación ciudadana no es un favor ni una concesión administrativa; es un derecho constitucional que debe hacerse realidad. Porque cuando el pueblo es convocado a las urnas, la democracia no puede quedarse esperando en un escritorio.
“La democracia, como esencia del Estado Social de Derecho, de los derechos y principios fundamentales de la Constitución, como camino de los territorios y del país democrático, se respeta, se cuida y se mantiene abierta”, afirmó al conocer el fallo del Tribunal Superior de Medellín, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto.
La consulta popular busca que los ciudadanos de los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente decidan mediante este mecanismo si se unen o no en el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Medellín, 19 de diciembre de 2025
Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia cuenta con sus contratos de atención a emergencias y mantenimiento de activos subregionales. Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para atender cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.
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